Contexto Sociopolítico del FOSDEH

En materia política, la nación está abocada a un intenso proceso electoral para elegir el 25 de noviembre del 2005 un nuevo gobernante, designados presidenciales, alcaldes y diputados. En este contexto compiten cinco partidos políticos legalmente inscritos, pero la disputa se centrará entre el gobernante Partido Nacional y el Partido Liberal, las dos principales fuerzas que marcan el bipartidismo político en el país.

Hasta ahora, la oferta electoral de los partidos políticos se centra en atender el tema de la inseguridad ciudadana o en una exaltación de la imagen de sus candidatos, pero no se visualiza aún una estrategia de país que inserte a la nación en los nuevos esquemas globales, competitivos y de integración.

El proceso de construcción democrática que se inició en Honduras en la década de los ochenta y se intensificó en la década de los noventa, ha comenzado a disminuir su ritmo y amenaza con estancarse y, en el peor de los casos, con revertirse. Hay evidencias de un desfase entre el proceso de construcción institucional de la democracia, que ha tenido su propia dinámica, y el proceso de construcción cultural de la misma.

En este proceso lento de sustituir los viejos valores y actitudes autoritarias por otros nuevos, de corte democrático, la sociedad civil ha jugado un papel importante, pero no lo suficientemente decisivo como para darle a la transición un objetivo seguro. Su papel fue determinante en el contexto del Huracán Mitch, cuando la ciudadanía probó que era capaz de articular alianzas y atender retos tan significativos como hacerse cargo de los miles de damnificados. Fue el momento en que se abrieron espacios participativos que despertaron expectativas. Hoy esos espacios sobreviven, pero sin cumplir la responsabilidad que en ellos se les depositó. Desde el poder central se imponen tendencias que ven en la sociedad civil un presunto competidor político y les molesta las iniciativas para auditor socialmente la gestión pública.

Existen niveles alarmantes de corrupción y dificultades crecientes para contrarrestarla. El último ejemplo es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en la cual el FOSDEH presentó una propuesta viable para impulsarla, pero que fue rechazada por el sector gubernamental sin justificar ninguna razón objetiva. El poder público tiende a mediatizar los procesos de descentralización y participación ciudadana.

La corrupción y la impunidad se perfilan como los grandes obstáculos a vencer para enrumbar a la nación en un esquema de desarrollo y sostenibilidad que permita fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la participación ciudadana.

Varios procesos iniciados en la década de los 90 se han estancado y las nuevas instituciones han caído en el inmovilismo. El Ministerio Público, el Comisionado de los Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, han sido mediatizadas por la asfixia presupuestaria y las interferencias políticas.

En el nuevo milenio el cambio de relaciones entre la sociedad y el Estado se ve marcado por un esquema de intolerancia política en donde la oposición, la crítica constructiva y los cuestionamientos al poder público en materia de transparencia y rendición de cuentas, son vistos como una estrategia de la sociedad civil para "apropiarse" del estado y generar inestabilidad social.

Esa intolerancia estatal a la crítica y los graves signos en materia de gobernabilidad, particularmente en seguridad ciudadana, vuelven mas complejo el panorama en materia social. La pobreza crece, la deuda externa cada vez se torna impagable y la proliferación de "maras" o pandillas tiene atemorizada a la ciudadanía ante la impotencia de la autoridad para formular políticas de seguridad que enfrenten el problema.

De esta suerte, el país tiene pendiente la aprobación de lo que llaman el "punto de culminación" ante la iniciativa HIPC para obtener el perdón de unos 900 millones de dólares en deuda externa y destinar parte de los recursos liberados, durante unos siete años al combate a la pobreza y la educación.

Sin lugar a dudas, la pobreza y los (as) pobres sigue siendo el principal problema de Honduras, a partir del cual puede revelarse, a plenitud, la dimensión de la crisis económica, social, política y cultural que se vive a nivel nacional.

Honduras está muy lejos de cumplir la meta de reducir la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en 24 puntos porcentuales, como está previsto en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, puesto que actualmente lo que más crece en el país es la disparidad entre los que tienen mucho y los que tienen poco.

Pese a ese panorama, la lucha contra la pobreza no puede, ni debe, quedar fuera de la agenda de incidencia y negociación de las organizaciones de la sociedad civil y, mucho menos, puede evadir la responsabilidad que se tiene de procurar que la ERP se convierta en una política de Estado a través de la cual se promueva el crecimiento económico, pero desde una perspectiva humana, que favorezca de manera directa e integral, a los sectores de la población que tradicionalmente han sido excluidos.